
Por: Carlos Calle Galvis
¿Qué pasó con el caso de Álvaro Uribe y por qué importa tanto? A continuación, un análisis sencillo para entender el fallo histórico del 28 de julio de 2025 y las posturas que acompañaron la jornada.
El día de ayer, 28 de julio de 2025, Colombia vivió un día histórico: por primera vez en nuestro país, un expresidente de la República fue declarado culpable en un juicio penal. El protagonista no es cualquier figura política: se trata de Álvaro Uribe Vélez, probablemente el líder más influyente y polémico del siglo XXI colombiano.
Seguramente para muchos ciudadanos, estas noticias judiciales suenan lejanas, complejas o simplemente aburridas. Y se entiende. Sin embargo, este fallo trasciende la esfera jurídica y toca el corazón mismo del poder político. Nos obliga a preguntarnos qué tan reales son los límites al poder en Colombia, hasta dónde llega la justicia, y qué valor real tiene la verdad en una sociedad cada vez más polarizada. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió?
Uribe no fue juzgado por actos cometidos durante su presidencia. El juicio estuvo enfocado en lo que hizo después, al defenderse de acusaciones que lo vinculaban con grupos paramilitares. Según las autoridades judiciales, intentó manipular testimonios clave para limpiar su nombre. Legalmente, esto se traduce en dos delitos muy concretos: soborno a testigos y fraude procesal.
Luego de meses examinando evidencias como mensajes, interceptaciones telefónicas y testimonios, la jueza Sandra Heredia concluyó en una sesión maratónica que paralizo a medio país, que sí hubo maniobras ilegales y que Uribe tenía una responsabilidad directa en ellas. Este fallo no llega en un momento cualquiera, y no golpea a cualquier persona. Por eso, ha dividido profundamente las opiniones.

Por un lado, están quienes respaldan la decisión judicial (no necesariamente petristas, ni de izquierda) creen que nadie debe estar por encima de la ley, independientemente de su poder o influencia. Para ellos, este fallo es un mensaje claro y necesario en un país históricamente acostumbrado a la impunidad. “Hoy ganó la ley, no por venganza, sino por justicia”, escuchamos claramente desde la misma sala de audiencias. Por otro lado, quienes rechazan esta condena, entre ellos no solo uribistas acérrimos, sino ciudadanos escépticos frente al proceso judicial, denuncian que todo fue una persecución disfrazada de justicia. Argumentan que las pruebas no fueron confiables y que el proceso estuvo permeado por intereses políticos. Desde su perspectiva, esto no es justicia, sino revancha política usando las cortes. Como el mismo Uribe lo menciona en una entrevista: “Aquí hay aliados políticos de las FARC” haciendo una clara alusión a un complot en su contra, y una posible venganza a décadas de oposición política.
Este escenario nos lleva a reflexionar sobre el verdadero impacto que tendrá esta sentencia. En el plano judicial, Colombia ha cruzado una frontera inédita: la justicia demostró, al menos en apariencia, que puede tocar incluso a los intocables. Pero en lo político, la historia podría tomar rumbos mucho menos previsibles. ¿Puede sobrevivir el uribismo sin Uribe? ¿Se reconfigurarán los liderazgos y las narrativas del país en torno a un fallo de esta magnitud? ¿O veremos, como ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos, que las dificultades judiciales terminen fortaleciendo la figura del condenado?
Por ahora, hay mucha tela por cortar. Ayer, la jueza Sandra Heredia se limitó a leer el sentido del fallo: culpable. Lo que sigue es la etapa de individualización de la pena, en la que se definirá cuántos años de prisión deberá cumplir. Una vez se conozca la sentencia completa, la defensa tendrá un plazo de cinco días
Sin embargo, más allá de estos análisis, recordemos algo esencial: detrás del personaje político y la figura pública está la persona. Álvaro Uribe, independientemente de sus aciertos o errores, vive hoy un momento complejo y delicado que afecta inevitablemente a su entorno más cercano. En tiempos donde la política suele reducirse a caricaturas y burlas en redes sociales, conviene recordar que el verdadero signo de una democracia madura es el respeto.
No se trata de suavizar la justicia ni de minimizar responsabilidades, sino de elevar la conversación pública, dignificando tanto al acusado como al acusador, a la justicia misma y a nosotros como ciudadanos. Porque la manera en que afrontemos este momento histórico también dirá mucho del país que estamos construyendo.




