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Asamblea de Antioquia aprueba proyecto de valorización

Tras una extensa y agitada jornada de debate que se prolongó por más de ocho horas, la plenaria de la Asamblea de Antioquia aprobó en segundo y último debate el proyecto de ordenanza promovido por la administración departamental para implementar el mecanismo de valorización, con el propósito de recaudar $852.497 millones destinados a la construcción de cuatro tramos viales que suman 76 kilómetros. La iniciativa, que salió adelante con 13 votos a favor y 6 en contra, busca intervenir corredores estratégicos ubicados en el Oriente, el Suroeste y el Urabá antioqueño.

El alcance del proyecto original sufrió recortes significativos durante las últimas semanas, excluyendo las obras más costosas y limitando el plan a cuatro trayectos específicos: El Canadá – El Carmen de Viboral, La Unión – El Carmen de Viboral, Jericó – Buenos Aires – La Bodega (en Andes), y el circuito vial de Urabá (Ríogrande – Nueva Colonia – Embarcadero – Zungo – Casa Verde). Durante la discusión en el recinto, la corporación descartó diversos impedimentos presentados por algunos diputados y evaluó las posturas divididas frente a un tributo catalogado como impopular. Mientras los ponentes y la Secretaría de Infraestructura defendieron la urgencia de buscar nuevas fuentes de financiación ante el agotamiento presupuestal tras haber intervenido más de 1.072 kilómetros en el departamento, sectores gremiales como el bananero y algunos diputados expresaron reparos por el impacto económico sobre los habitantes y los productores locales.

Para mitigar los efectos en las comunidades, el articulado aprobado incorporó tratamientos diferenciales que eximen del futuro cobro a las viviendas de Interés Social y Prioritario, a los estratos 1, 2 y 3, así como a adultos mayores, madres cabeza de familia y población víctima del conflicto armado. Con esta aprobación, la ordenanza quedará lista para recibir la sanción del gobernador Andrés Julián Rendón, dando luz verde a los estudios de factibilidad que definirán las reglas técnicas de los cobros en las zonas beneficiadas por las futuras obras de infraestructura.

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